Algo más de un año después de la publicación del Informe Final “Hay futuro si hay verdad”, elaborado por la Comisión de la Verdad de Colombia, ve la luz la presente obra del profesor Jerónimo Ríos Sierra, a la sazón, asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia durante el proceso de diálogo e implementación del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 por el Gobierno colombiano, encabezado entonces por el presidente Juan Manuel Santos, y las conocidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), lideradas hasta ese momento por Rodrigo Londoño Echevery. El trabajo, especialmente necesario dada la todavía escasa producción bibliográfica dedicada al análisis y estudio del conflicto colombiano, se marca como objetivo la realización de un recorrido histórico acerca de los distintos procesos e iniciativas de paz que se han dado en el país desde el año 1982. Para ello, recurre a los marcos teóricos de lo que se ha bautizado como estudios para la paz y a su amplio bagaje sobre el terreno, el cual le ha llevado a contar con no solo con una perspectiva en primera persona de varios de los sucesos que analiza, sino a ser capaz de recabar testimonios directos de más de 52 personalidades y representantes relevantes de hasta 6 grupos de protagonistas, incluyendo figuras integrantes de los distintos partidos políticos y el Gobierno colombiano; las Fuerzas Militares; FARC-EP y su posterior conversión en el partido político Comunes; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Autodefensas Unificadas de Colombia; y el Movimiento M-19, en cuyas filas, como es bien sabido, llegó a militar Gustavo Petro, actual presidente del país.
La narración se estructura en torno a ocho capítulos, correspondientes cada uno a las figuras presidenciales que se han sucedido desde el año 1982, momento en el que, con la llegada de Belisario Betancur al poder, se reconoce por primera vez la existencia de causas objetivas y subjetivas que explican la violencia que llevaba afectando al país desde, como mínimo, la década de 1960. La presidencia de Betancur supone también el inicio de un intento de diálogo con grupos como las FARC-EP o el ELN, lo cual implicó elevar el nivel de reconocimiento de los mismos hasta el punto de cristalizar en la propuesta de un alto al fuego bilateral con los movimientos apuntados, pero también con otros de menor escala. Este esfuerzo por la paz resulta además especialmente llamativo, más si cabe porque quedó acompañado de una posibilidad de amnistía y de una reforma democrática con la que barrer los condicionantes estructurales que daban soporte al conflicto. La irrupción del narcotráfico, el surgimiento del paramilitarismo y la oposición de un sector clave como el Ejército a la negociación, no obstante, provocaron un descarrilamiento de todas las propuestas que quedó certificado con la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19 en noviembre de 1985, el recrudecimiento de la violencia y el aniquilamiento por parte del paramilitarismo de Unión Patriótica, plataforma creada por las FARC-EP para facilitar la transición democrática de la lucha.
La llegada de Virgilio Barco al poder en un contexto internacional complejo marcado por el desmoronamiento de la Unión Soviética introdujo algunas modificaciones sustanciales al estilo de su predecesor en lo relativo a los intentos por poner fin a la violencia armada en el país. Quizá, el rasgo más definitorio fuera la concepción de que todo proceso de paz debía estar condicionado a una desmovilización por parte de la guerrilla que estos no estaban dispuestos a asumir. A pesar de ello, Barco dio lugar a la Consejería Presidencial para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación, marcando con ello tres elementos decisivos que debían integrarse en todo proceso de paz. Resulta evidente que no se logró acabar con el conflicto, pero sí se produjeron avances importantes que llevaron a la desactivación negociado con el grupo M-19, algo a lo que contribuyó la desnaturalización del conflicto interno a consecuencia del narcotráfico; el auge del paramilitarismo; la desterritorialización de la guerrilla; y el colapso soviético (pp.29-30).
César Gaviria heredaría la complicada tarea de culminar el desarme y reintegración política del M-19, algo que logró completar en un marco de recrudecimiento de los enfrentamientos y en un repunte de los asesinatos que llevaron a la muerte al propio Pablo Escobar. Su desaparición, sin embargo, no sirvió para disminuir el impacto del narcotráfico ni del paramilitarismo, lo cual contribuyó al que el conflicto se mantuviese esencialmente inalterado. La influencia del dinero del narcotráfico en la campaña presidencial, de hecho, empañaría la convulsa presidencia del sucesor de Gaviria, Ernesto Samper, quien a pesar de todo logró dar pasos importantes que confluyeron en la creación del Alto Comisionado de Paz; y la ratificación de Segundo Protocolo de la Convención de Ginebra, lo cual suponía la entrada de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país (p. 55). El fortalecimiento del Estado y la profesionalización del Ejército culminarían una presidencia que, si bien dio pasos importantes en la negociación con el ELN, no lograrían prosperar.
La llegada de Andrés Pastrana a la presidencia se produjo tras una pugna electoral marcada por la necesidad de dar forma a una paz negociada que pusiera fin a la violencia en Colombia. Para ello, se buscó una negociación que no implicaba un alto al fuego previo, pero que sí se inició con gestos relevantes como la desmilitarización por parte del Gobierno de una superficie de 42.000 km2. La puesta en marcha del Plan Colombia, alimentado con abundante financiación estadounidense y que debía ser destinada a la lucha contra el narcotráfico, supuso un choque insoslayable con las guerrillas y las organizaciones paramilitares, pues se atacaba directamente a una de sus fuentes principales de financiación. El resultado fue la instrumentalización del proceso de paz por parte de todos los actores implicados, de forma que emplearon la mayoría de los gestos para reforzarse y rearmarse en sus posiciones. El heredero de este enrocamiento fue el presidente Álvaro Uribe, quien continuó el esfuerzo de modernización y profesionalización de las Fuerzas Militares aprovechando la cooperación estadounidense a fin de apostar por una derrota militar de las guerrillas. Aún con todo, se logró alcanzar la paz con las Autodefensas Unificadas de Colombia, el grupo paramilitar más importante del cambio de siglo y que se mantuvo activo hasta el año 2005.
El momento clave llegó con la presidencia de Juan Manuel Santos quien tras un periodo de cuatro años de negociación y con una fuerte influencia internacional, logró dar forma a un primer acuerdo de paz con las FARC-EP- que, como es sabido, fue rechazado en un plebiscito por el pueblo colombiano, lo cual supuso un importante varapalo que obligó a renegociar partes importantes del acuerdo. El Acuerdo final, no obstante, se estructura en torno a seis puntos: La reforma rural integral; la construcción de un marco jurídico que garantizase la participación política; ; el Alto al fuego y desarme; la solución al problema de los cultivos ilícitos; un apartado de víctimas en torno al que se estructura lo que se llamó Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y bajo el que operan la Comisión de la Verdad, una comisión para la búsqueda de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz; y un apartado de implementación con componentes de verificación internacional.
La paz, limitada por el contexto de oposición de amplios sectores de la sociedad colombiana como las propias Fuerzas Militares, el desafío de negociar con el ELN y la proliferación de grupos disidentes nacidos en su mayoría al calor del negocio del narcotráfico y al boicot institucional promovido durante la presidencia de Iván Duque, han provocado que la implementación de los acuerdos se haya retrasado más allá de lo debido, dejando al gobierno de Gustavo Petro con el reto de liderar una futuro lleno de tensiones y contradicciones que determinarán la suerte de todos los esfuerzos realizados por superar décadas de conflicto armado en Colombia. La obra de la que aquí se ha dado cuenta, supone un análisis certero y necesario de los mismos, erigiéndose además como ejemplo y muestra de que la reconciliación no solo es posible, sino que no puede lograrse a costa del silencio de alguna de las partes implicadas. No en vano, son Henry Medina Uribe, Mayor General (r) del Ejército Colombiano y Echevery, ahora Director Nacional del partido político Comunes, quienes, respectivamente, firman el prólogo y epílogo del estudio.
Diego Martínez López
Universidad Francisco de Vitoria