¿Puede un edificio preservar el pasado más traumático de un país? ¿Es posible que unos documentos almacenen la esencia de un régimen dictatorial? Alfonso M. Villalta Luna comenzó a hacerse estas preguntas después de varias visitas al Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid). Su objetivo inicial consistía en realizar un estudio sobre los represaliados del franquismo en la provincia de Ciudad Real, cuyos consejos de guerra custodia dicha institución. Sin embargo, el tiempo invertido en la sala de investigadores y en otras dependencias de este recinto, ubicado en el antiguo Acuartelamiento “Infante Don Juan”, lo llevaron a hacerse esas otras reflexiones de índole más antropológica. Reflexiones que han quedado plasmadas en Demonios de papel (Comares, 2022), un libro muy personal, pero notablemente enriquecedor para cualquier persona interesada en el mundo de los archivos y en explorar las tensiones que se generan entre historia y memoria.
Recordando con gran tino el viaje que el protagonista de la novela de José Saramago Todos los nombres realiza a las “catacumbas” de la Conservaduría General del Registro Civil, Villalta Luna acompaña al lector por las “profundidades” de este archivo militar. Y lo hace con la idea de acercarse a él no como un lugar en el que se guardan “los papeles muertos”, sino como un rincón en continua actividad donde esos Demonios de papel “vuelven a la vida”. De hecho, como señala su subtítulo, la obra es una especie de diario de campo etnográfico, una exposición intimista de las distintas vivencias que el autor experimenta mientras abre cajas y consulta sus legajos; una suerte de plano secuencia que, siguiendo el método deductivo, le permite intercalar sus percepciones más personales con los diálogos que mantiene con los profesionales del archivo, con otros investigadores con los que se cruza en los pasillos e incluso con familiares de víctimas de la represión a los que logra entrevistar. Un laboratorio de trabajo que, al mismo tiempo, se convirtió durante meses en su mejor refugio, en su única válvula de desahogo para los momentos más arduos.
Y es que enfrascarse entre los expedientes judiciales de las Auditorías de Guerra y Tribunales Militares acumulados por el Tribunal Militar Territorial Primero (1936-1970) plantea un esfuerzo que trasciende la esfera intelectual y supone un desgaste en el plano emocional. Acceder a los sumarísimos de la dictadura implica consultar la documentación que marcó la vida de decenas de miles de personas y, en el peor de los casos, su propio final. Archivos como este son imprescindibles para seguir documentando los crímenes cometidos por el franquismo, pero también ayudan a comprender mejor las lógicas de la violencia. Y, precisamente por eso, es tan importante prestar atención a lo que se narra en esos papeles como a aquello que no se cuenta, puesto que la ausencia en los juicios en ocasiones dice más del sistema que genera esos procesos represivos que cualquiera de las palabras escritas, expuestas previamente a nuestra mirada. Porque una de las características básicas y más reconocibles de los regímenes autoritarios es su obsesión por registrarlo todo y no dejar nada fuera de su ámbito de influencia. De hecho, ya durante la Guerra Civil, los sublevados entendieron la importancia de burocratizar la represión para la construcción de su Nuevo Estado. De ahí que seleccionar, ordenar y clasificar los documentos se convirtiera también en un mecanismo de control desde el principio; en un instrumento con el que castigar al enemigo, vigilar al sospechoso y asustar al ciudadano. Sin duda, el archivo pasaba a ser sinónimo de poder.
Un poder que, por otro lado, continuó en las mismas manos tras la muerte de Franco. En este sentido, al resituar al archivo en el centro de su investigación, Villalta Luna, doctor en Antropología Social y Cultural, también introduce su visión sobre la gestión y creación de archivos en su ensayo. De manera crítica, asegura que la política de archivos sufrió desde la Transición un claro abandono sistemático por parte de las autoridades, ocasionando que el acceso a los mismos fuera durante décadas un problema enquistado que, de alguna forma y a pesar de las indudables mejoras en el sistema, persiste aún en la actualidad. Acceder a la documentación de instituciones penitenciarias o la propia ley de secretos oficiales son algunos de los ejemplos más notorios que, según el autor, impiden hoy efectuar algunas investigaciones con más garantías. Es, sin duda, el legado de un pasado repleto de prácticas restrictivas que reflejan la vulnerabilidad y las herencias autoritarias que, en cierto modo, a la nueva democracia le cuesta superar. Una realidad bautizada por algunos como “efecto bumerán”: muchos archivos de los organismos e instituciones represivas en funcionamiento durante el franquismo siguen en las instituciones que gestionaron esos documentos después, ya en período democrático. De ahí que, como sostiene este investigador, sea necesario continuar abordando este trauma pretérito en el presente y el futuro, así como la violencia asociada a “esos demonios en forma de papel”.
Víctor Úcar Rivasés